Defensa penal de personas y empresas en procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública: desde que la inspección detecta indicios hasta el juicio oral.

Para contribuyentes, administradores y asesores que se enfrentan a una investigación penal de origen tributario y necesitan un abogado que domine a la vez el derecho penal y el tributario.

Rafael Abati, abogado y auditor de cuentas con más de treinta años de experiencia, se ocupa personalmente de cada asunto.

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Rafael Abati, abogado especializado en derecho penal económico

¿En qué situaciones puedo ayudarle?

Inspección con indicios de delito

La Administración tributaria ha apreciado indicios de delito fiscal y ha remitido las actuaciones al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción penal.

Denuncia o querella por delito fiscal

Existe una querella de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria.

Citación como investigado

Ha recibido una citación como investigado por un presunto delito fiscal.

Discusión sobre la cuota

Se discute la cuota defraudada o la determinación de la base y el periodo.

Discrepancias contables o periciales

Hay discrepancias contables o periciales sobre los hechos.

Regularizar, conformidad o defensa

Está valorando una regularización, una conformidad o una defensa en juicio.

Qué exige la defensa de un delito fiscal

Un delito fiscal es, a la vez, un asunto penal y un asunto tributario. La defensa necesita cuatro planos coordinados:

  • Derecho penal: tipo, dolo, consumación, prescripción y participación.
  • Derecho tributario: cálculo de la cuota, normativa aplicable y procedimiento de inspección.
  • Contabilidad: reconstrucción de las operaciones y de los flujos económicos.
  • Prueba pericial: contraste de las cifras de la Administración y propuesta de pericial propia.

Para considerarse delito, la defraudación debe superar los 120.000 euros por impuesto y periodo impositivo y debe existir dolo. Verificar si concurren esos elementos, y cómo se ha calculado la cuota, es uno de los primeros trabajos de la defensa.

Análisis de la documentación contable y tributaria de un asunto
Rafael Abati, abogado y auditor de cuentas

Por qué Rafael Abati

1 Especialización. Rafael Abati García-Manso es abogado, Máster Universitario en Derecho Penal Económico, auditor de cuentas registrado en el ROAC, ingeniero superior industrial del ICAI y Diploma de Alta Especialización de Empresas en Crisis por la Universidad Complutense de Madrid.
2 Experiencia. Más de treinta años de ejercicio profesional acreditado, con una activa carga de juicios y asistencia en todas las fases del procedimiento: detención, declaración como investigado, negociación de conformidades y juicio oral.
3 Conocimiento empresarial y financiero. Su formación como auditor permite analizar la contabilidad, los flujos de fondos y la documentación económica del asunto, no solo su calificación jurídica.
4 Atención personal. Es el propio Rafael Abati quien se ocupa de cada caso: asiste a las declaraciones y a las sesiones del juicio.

Cómo se aborda el asunto

1. Análisis

Estudio de la documentación, de la fase procesal y de los riesgos reales.

2. Estrategia

Línea de defensa, plazos y decisiones que conviene adoptar (o evitar) desde el primer momento.

3. Instrucción

Asistencia en declaraciones, diligencias y seguimiento de la investigación.

4. Prueba

Prueba documental y pericial propia, y control de la que presenta la acusación.

5. Juicio

Defensa en el juicio oral y en los recursos, cuando el procedimiento llega a esa fase.

Preguntas frecuentes

Q
¿A partir de qué cuantía hay delito fiscal?
ACuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros por impuesto y periodo impositivo y concurre intención de defraudar. Por debajo de esa cifra se trata, en principio, de una infracción administrativa.

Q
¿Qué ocurre cuando la inspección aprecia indicios de delito?
ALa regla general es que la Administración continúa la tramitación del procedimiento y practica una liquidación vinculada a delito, al tiempo que pasa el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remite el expediente a Fiscalía. A partir de ese momento el asunto se tramita en el orden penal. Algunas particularidades se explican en el artículo sobre la actuación de la Agencia Tributaria en los delitos fiscales.

Q
¿Es posible regularizar para evitar la responsabilidad penal?
ALa regularización voluntaria puede excluir la responsabilidad penal, pero exige hacerse antes de determinados momentos del procedimiento y abonar la deuda completa. Conviene estudiarlo cuanto antes y caso por caso.

Q
¿Qué importancia tiene la intención de defraudar?
AEl Derecho penal es el último recurso y exige que concurran todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo, incluido el dolo y el perjuicio (la cuota defraudada) exigidos por el delito fiscal. Qué conocimiento tenía el obligado tributario y qué papel tienen los asesores es un debate frecuente; puede verse el artículo sobre el tipo subjetivo y la ignorancia deliberada.

Q
¿Puede alcanzar a administradores y asesores?
ALa responsabilidad penal puede extenderse a quienes participan en los hechos y, en ciertos casos, a la sociedad. Existe además la derivación de responsabilidad tributaria, tratada en este artículo.

Q
¿Prescribe el delito fiscal?
ASí. El plazo general es de cinco años, pero su cómputo y sus interrupciones exigen análisis, y es uno de los primeros aspectos que se revisan. Véase también el artículo sobre delito fiscal y delito continuado.

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