Tipos de estafa digital, prevención, investigación penal y recuperación del dinero
Las estafas por Internet plantean dos problemas fundamentales: uno es identificar y perseguir a sus autores y, el otro, recuperar el dinero defraudado.
1. ¿Cómo funcionan las estafas digitales más habituales?
A continuación se describen los principales procedimientos de engaño utilizados actualmente, aunque el “estado del arte” del fraude evoluciona muy rápidamente.
Una advertencia previa: a pesar del intento de categorización, un mismo fraude puede combinar varias de las técnicas que se detallan a continuación.
1.1. La suplantación del banco: mensajes, llamadas y falsas alertas de seguridad
La víctima recibe una comunicación aparentemente procedente de su banco: se ha detectado un cargo sospechoso, alguien está intentando acceder a su cuenta o es necesario actualizar sus datos.
Para solucionar el aparente problema, se le pide que acceda a un enlace, facilite sus credenciales o comunique los códigos que recibe en el teléfono.
Estas técnicas se conocen como phishing, cuando se utilizan correos electrónicos; smishing, cuando se emplean SMS; y vishing, cuando el engaño se desarrolla mediante una llamada.
También pueden combinarse: primero llega un mensaje y después se recibe una llamada de un supuesto empleado del banco.
Un detalle especialmente engañoso es que el mensaje recibido puede aparecer en el móvil en la misma cadena de conversación que los mensajes auténticos del banco.
Es decir, además de imitar la apariencia de las comunicaciones del banco, los autores pueden suplantar el identificador del remitente de un SMS o el número que aparece en una llamada. Esta técnica se denomina spoofing.
Por tanto, que la pantalla muestre un nombre o un número aparentemente legítimo no acredita que la comunicación proceda realmente del banco.
En otra variante, el falso empleado no pide las claves, sino que convence al cliente para que transfiera sus ahorros a una supuesta “cuenta segura”. Es decir, presenta como medida de protección lo que en realidad es el desplazamiento del dinero hacia una cuenta controlada por los autores del engaño.
1.2. Los falsos envíos y los códigos QR fraudulentos
En este caso, el mensaje puede referirse a algo aparentemente menos comprometido: un paquete que no se ha podido entregar y para cuya recepción hay que abonar una pequeña cantidad.
El enlace conduce a una página que imita a la empresa de transporte y solicita los datos de la tarjeta de la víctima.
El reducido importe reclamado facilita que la víctima baje la guardia, facilite los datos y, con ellos, los autores del engaño puedan realizar cargos posteriores en la tarjeta.
También se utilizan códigos QR que remiten a páginas fraudulentas, por ejemplo para pagar una supuesta multa. Esta técnica se denomina quishing o QRishing.
En estas modalidades, el riesgo suele surgir al acceder a la página a la que conduce el código y facilitar datos, descargar aplicaciones o efectuar pagos sin comprobar su legitimidad.
1.3. El falso soporte técnico y el duplicado fraudulento de la tarjeta SIM
En el fraude del falso soporte técnico, alguien se presenta como empleado de una empresa tecnológica y advierte de un supuesto problema de seguridad.
Para solucionarlo, propone instalar una aplicación de acceso remoto con la que consigue controlar el dispositivo, acceder a información bancaria o efectuar transacciones fraudulentas.
Otro procedimiento es el SIM swapping: otra persona suplanta al titular ante su operadora y consigue un duplicado de su tarjeta SIM. Así puede recibir los SMS de verificación y, combinado con otros datos o credenciales, acceder a determinados servicios. En este caso, la víctima puede advertirlo porque su teléfono pierde inesperadamente la cobertura.
1.4. La factura manipulada y la estafa del CEO
En la estafa de la factura manipulada, el delincuente interfiere en una relación comercial real y suplanta al proveedor, altera la factura o comunica un supuesto cambio de cuenta bancaria.
Así, el cliente paga una deuda auténtica, por el importe esperado, pero a un IBAN distinto del que corresponde.
En la denominada estafa del CEO, se suplanta a un directivo para ordenar a un empleado una transferencia urgente que, además, se hace aparecer como necesariamente confidencial.
La aparente autoridad del remitente (el CEO) y la exigencia de reserva mueven a que el empleado objeto del engaño omita los procedimientos establecidos y las comprobaciones ordinarias.
En ocasiones, este engaño se articula mediante voz clonada con inteligencia artificial.
1.5. Las falsas inversiones y plataformas de criptomonedas
La captación puede comenzar con un anuncio en redes sociales, una recomendación de un supuesto experto o un grupo de WhatsApp dedicado a inversiones.
Se prometen ganancias extraordinarias y se suplanta, en ocasiones, la identidad de entidades autorizadas o la imagen de personas conocidas. Y cada vez con más frecuencia, los vídeos y testimonios pueden estar manipulados mediante inteligencia artificial.
Una vez realizada la primera aportación por la víctima, la plataforma muestra beneficios aparentes (ficticios) que animan a invertir cantidades superiores.
El problema aflora al intentar retirar el dinero. Surgen supuestas incidencias, impuestos, comisiones o exigencias de pagos adicionales para desbloquearlo. La víctima, atrapada, ve además cómo el dinero que entrega para recuperar la inversión es una nueva fase de la misma estafa.
1.6. Las estafas afectivas o sentimentales
El contacto comienza en una red social, una aplicación de citas o incluso mediante un mensaje aparentemente enviado por error. El autor del fraude construye una relación de confianza, con conversaciones frecuentes y una identidad ficticia, para terminar solicitando dinero o proponiendo una inversión.
En su variante inversora, una vez establecida la relación amistosa o afectiva, el nuevo amigo o amante hace ver a la víctima que ha obtenido grandes beneficios mediante una determinada inversión o plataforma inversora y se ofrece a ayudar a la víctima a conseguirlos también.
Lo característico es que la decisión no se sustenta tanto en la racionalidad de la oferta como en la confianza personal previamente creada.
1.7. El familiar en apuros y las cuentas de mensajería suplantadas
La víctima recibe un mensaje de quien dice ser su hijo u otro familiar: ha perdido el teléfono, utiliza un número nuevo y necesita dinero para resolver una urgencia.
El mensaje también puede llegar desde la cuenta auténtica de una persona conocida, si previamente ha sido usurpada. En ese caso, ver el número habitual y el historial de conversaciones mueve a admitir el engaño.
También se clonan voces para perfeccionar la suplantación.
Lo decisivo es contrastar la petición por un medio ajeno y diferente a aquel por el que se recibe la petición antes de enviar el dinero.
1.8. Las tiendas falsas, los anuncios de compraventa y los alquileres inexistentes
Se anuncian productos o alojamientos atractivos, frecuentemente a precios reducidos, y se solicita un pago anticipado. Una vez cobrado, el vendedor desaparece o el producto nunca llega.
En los falsos alquileres, la presión suele consistir en aparentar que hay otros muchos interesados y que es necesario reservar inmediatamente, sin haber podido verificar la disponibilidad del inmueble ni la identidad de quien lo ofrece.
La víctima también puede ser quien vende o alquila. El falso comprador o arrendatario asegura haber pagado y envía al vendedor o arrendador un enlace donde recibir el importe.
Ese enlace imita a una plataforma legítima, pero solicita datos bancarios o credenciales que terminan en poder del estafador.
1.9. El Bizum inverso y las falsas devoluciones
En el denominado Bizum inverso, el autor del fraude afirma haber pagado mediante Bizum, pero en realidad lo que envía es una solicitud de pago. La víctima la acepta creyendo que confirma un cobro, cuando en realidad está ordenando un pago.
Otra variante consiste en reclamar la devolución de un supuesto ingreso realizado por error. Puede que ese ingreso erróneo no exista o que el importe reclamado no coincida con el ingreso real. Si se recibe un abono inesperado, lo prudente es acudir al banco para comprobarlo y gestionar su devolución, si corresponde, pero no seguir para ello las instrucciones de un desconocido.
1.10. Las falsas ofertas de empleo y la estafa de las tareas remuneradas
Se ofrece un trabajo sencillo y bien pagado: dar “me gusta”, valorar productos, seguir cuentas o visualizar vídeos. Al principio pueden abonarse pequeñas cantidades reales para generar confianza, pero en seguida se exige aportar dinero para acceder a tareas mejor remuneradas o desbloquear las supuestas ganancias.
1.11. La falsa recuperación del dinero perdido
Esta modalidad, conocida como recovery room, se dirige a quien ya ha sido estafado.
Una persona o empresa contacta sin haber sido requerida y ofrece recuperar la inversión, pero exige pagos anticipados por supuestos impuestos, seguros o gestiones. Puede utilizar incluso la identidad de un organismo supervisor para aparentar legitimidad.
La esencia del engaño es aprovechar la esperanza de recuperación para obtener una nueva entrega de dinero.
2. ¿Por qué tantas estafas digitales no terminan en condena?
Las cifras permiten hacerse una idea de la dimensión del problema.
Según el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron en España 488.426 ciberdelitos (no todos estafas), de los cuales el porcentaje de esclarecimiento policial fue del 14,6 %.
Atención que esclarecimiento policial no implica condena a los autores. Esclarecimiento policial supone exclusivamente identificación de los posibles responsables de los hechos reflejados en una denuncia y hacer posible que se incoe procedimiento judicial.
Distinto es que finalmente ese procedimiento judicial iniciado a partir de la denuncia culmine en condena penal y, aún más difícil, que se logre recuperar el dinero defraudado y restituirlo a las víctimas.
Además, no toda denuncia da lugar a la incoación de un procedimiento penal. El art. 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dispone que, cuando no exista autor conocido – y la Fiscalía General del Estado advierte de las grandes dificultades simplemente para identificar a los autores de este tipo de delitos-, la Policía Judicial archivará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, pero sin remitírselo.
¿Significa esto que no merece la pena denunciar? Significa que conviene denunciar con expectativas realistas, para que las autoridades persigan y localicen al autor y así apurar las posibilidades de recuperar el dinero.
3. ¿Qué dificultades plantea investigar una estafa cometida por Internet?
La propia naturaleza del objetivo de la investigación pone de manifiesto su complejidad: hay que atribuir actuaciones digitales a personas concretas, obtener prueba utilizable y localizar patrimonio sobre el que hacer efectiva la reparación del daño.
Y la dimensión transnacional multiplica las dificultades de la investigación, especialmente cuando, como es frecuente, entran en juego países con los que la cooperación policial o judicial resulta limitada, limitación más plausible con países fuera de la Unión Europea (UE).
Valga un ejemplo de panorama complicado: una víctima en España, una web alojada en otro país, una cuenta receptora en un tercero y unos responsables que operan desde un cuarto; normalmente todos ellos, salvo España, países no miembros de la UE.
Porque localizar dónde reside el servidor no equivale a identificar quién lo ha utilizado.
Y es que localizar una cuenta bancaria tampoco implica, necesariamente, identificar a quién organizó el engaño.
Si las pruebas, los fondos o los sospechosos se encuentran en otros países, será necesario acudir a los instrumentos de cooperación policial y judicial aplicables. Pero la existencia de convenios y procedimientos de asistencia no garantiza una respuesta rápida. Cuando la colaboración no llega o se demora, la investigación puede quedar sin datos esenciales.
En aras del rigor, no es correcto aseverar que fuera de la Unión Europea no existen mecanismos de cooperación.
El Convenio de Budapest prevé asistencia internacional y conservación urgente de datos entre sus Estados parte.
Y, asimismo, el Reglamento (UE) 2023/1543, aplicable desde el 18 de agosto de 2026, permite dirigir órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas a determinados prestadores que ofrecen servicios en la UE y están establecidos en otro Estado miembro. Aunque no es una autorización universal para acceder a cualquier servidor extranjero, constituye indudablemente una herramienta a considerar.
La utilidad de ambos instrumentos legales dependerá en cada caso, entre otras cuestiones, del país implicado, ya que de esa circunstancia dependerá fundamentalmente la respuesta que se obtenga.
4. ¿Qué hacer inmediatamente?
Lo primero es avisar al banco por sus canales oficiales y dejar constancia del aviso.
Dependiendo de lo sucedido, habrá que bloquear tarjetas o credenciales, cambiar contraseñas y solicitar que se active urgentemente el protocolo para intentar revertir el pago o transferencia ordenadas y así recuperar los fondos. Y no se debe demorar este aviso al banco hasta disponer de la denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.
No obstante, solicitar la interrupción urgente de un proceso de pago o de transferencia no asegura que se logre. Aunque los bancos intervinientes deben realizar de manera diligente las actuaciones de intento de paralización o reversión del proceso a las que legalmente están obligados, el resultado dependerá de la rapidez del aviso y de que los fondos sigan disponibles.
En ese sentido, las obligaciones de cooperación de los bancos intervinientes no son garantía de que la reversión de las operaciones sea factible y que los fondos sigan disponibles, lo cual en la práctica sucede en pocas ocasiones y solo si el aviso es muy rápido, inmediato a la ocurrencia del fraude.
Ahora bien, una cosa es conseguir abortar el proceso a tiempo, cosa -como digo- bastante difícil, y otra requerir al banco el reembolso de una operación no autorizada, como veremos en el apartado 5 a continuación.
Siempre y en todo caso, es muy importante conservar los mensajes y correos originales, justificantes, movimientos bancarios, direcciones web, teléfonos y grabaciones de conversaciones. Y es muy útil preparar una cronología: qué se recibió, qué se hizo, cuándo salió el dinero y cuándo se avisó.
En cuanto al plazo de reacción, cuando el fraude consista en transacciones no autorizadas por el titular, el art. 43 del Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago exige comunicarlo “sin demora injustificada” y establece, con carácter general, un máximo de trece meses desde el cargo fraudulento (plazo máximo que no es en absoluto recomendable apurar).
Y, por supuesto, a continuación de la comunicación al banco procede interponer, también sin demora, la correspondiente denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.
5. ¿Cuándo debe el banco devolver el importe de una operación no autorizada?
La clave de bóveda de cuándo debe el banco devolver el importe de una operación no autorizada es si el titular consintió la transacción que resultó ser fraudulenta, si consintió la concreta operación de pago.
Cuando el cliente niega haber autorizado la operación, el art. 44 del Real Decreto-ley 19/2018 impone al banco obligaciones probatorias, no basta con que se limite a afirmar que su sistema registró correctamente el uso de las claves. Es decir, el banco ha de demostrar que el titular autorizó el pago o la transferencia, excluyendo que fuese un tercero quien la ordenase después de conseguir fraudulentamente las credenciales o el código de confirmación.
La STS 571/2025, de 9 de abril, de la Sala de lo Civil, ponente Excmo. Sr. Almenar Belenguer, es particularmente relevante. Se refiere a operaciones ejecutadas por terceros mediante suplantación y duplicación de la tarjeta SIM y el Tribunal Supremo califica la responsabilidad del proveedor de servicios de pago como cuasi objetiva y rechaza que la autenticación técnica bastara para liberarlo de responsabilidad.
La citada sentencia también destaca la importancia de que el banco detecte a tiempo operaciones anómalas y reaccione ante las alertas del cliente, apreciando que no basta para que se considere que el banco cumple con sus obligaciones la mera verificación de que la contraseña introducida sea correcta.
Ahora bien, el titular también tiene obligaciones. Un incumplimiento deliberado por su parte o la negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y aviso le trasladan la responsabilidad de soportar las pérdidas.
En suma, la aportación de la referida sentencia es que una negligencia grave del cliente debe probarse por el banco, no se infiere automáticamente porque el engaño haya tenido éxito y, en su sentencia, el Supremo descarta expresamente que el acceso de terceros a las claves demostrara, por sí mismo, negligencia del titular.
En cuanto a la obligación de devolución del dinero por el banco, es particularmente relevante la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 15 de octubre de 2026, asunto C-70/25, que precisa el alcance de los arts. 73 y 74 de la Directiva (UE) 2015/2366, incorporados a nuestro ordenamiento por el Real Decreto-ley 19/2018.
El TJUE establece que, ante una operación de pago no autorizada, el banco debe devolver inmediatamente al cliente el importe sustraído, como máximo al finalizar el día hábil siguiente a aquel en que haya detectado o recibido el aviso de su carácter no autorizado. Y no puede negarse a hacerlo alegando que el cliente actuó con negligencia grave al facilitar sus credenciales bancarias. Solo se exceptúa esta obligación inmediata cuando existan motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio cliente y, en ese caso, esta circunstancia se tiene que comunicar por escrito a la autoridad competente (en España, al Banco de España).
Es decir, el banco debe devolver primero el dinero y, posteriormente, si considera que el cliente incurrió en negligencia grave, podrá reclamarle su reintegro, pero tendrá que probar esa negligencia.
Por otra parte, es relevante señalar, al respecto de las obligaciones de devolución del banco, el art. 46.2 del precitado Real Decreto-ley 19/2018. Este precepto establece una protección específica si el proveedor no exige autenticación reforzada del cliente.
6. ¿Y si es la propia víctima quien ordenó la transferencia?
Es diferente el supuesto en el que es la víctima quien ordena un pago o una transferencia que resulta finalmente ser un fraude. Dicho más claramente, una persona ordena una transferencia o efectúa un pago usando normalmente sus contraseñas, pero el destino no es el que esperaba y el resultado es que el importe transferido o pagado se volatiliza sin más, sin la contrapartida prevista.
Ejemplos son quien ordena una transferencia creyendo que realiza una inversión legítima y finalmente no se destina a inversión alguna o quien ordena un pago por Bizum creyendo que el destinatario es un familiar y resulta ser un tercero defraudador.
En esos supuestos, el titular ha autorizado convenientemente la transacción y, en principio, no cabe responsabilizar al banco o al proveedor de medios de pago. Es decir, si el pago fue efectivamente autorizado por el cliente, la existencia de la estafa no basta por sí sola para imponer al banco la devolución.
¿Hay excepciones? Afirmativo, hay excepciones. Aun en estos supuestos de pago ordenado por la propia víctima, en ocasiones el banco no queda exonerado y puede responder por incumplimientos propios que hayan contribuido al éxito del fraude.
Así, en el art. 5 quater.8 del Reglamento (UE) 260/2012, modificado por el Reglamento (UE) 2024/886, se dispone el reembolso por el banco cuando incumpla obligaciones de verificación. Es decir, en las transferencias en euros, desde el 9 de octubre de 2025, debe verificarse el beneficiario, y el banco del ordenante queda obligado a reembolsar cuando el incumplimiento de las obligaciones de verificación haya causado una ejecución defectuosa y el correspondiente perjuicio.
Por tanto, hay que comprobar qué servicio debió prestar el banco, si lo prestó o no correctamente, qué advertencia recibió o no recibió la víctima y qué relación tuvo el incumplimiento por el banco, de apreciarse incumplimiento, con el perjuicio sufrido.
A ese respecto, pueden ser relevantes incumplimientos por el banco distintos de la verificación inicial, como falta de diligencia para intentar recuperar los fondos una vez que la víctima avisa del fraude sufrido.
También puede ser pertinente examinar las obligaciones de identificación y seguimiento de cuentas de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo. Ahora bien, una deficiencia en ese ámbito no equivale, sin más, a un derecho de indemnización, es necesario justificar la relación entre el incumplimiento y el perjuicio reclamado.
Por último, cuando el cliente es empresario, o sea no es consumidor (art. 34 del RDL 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera), el contrato con el banco puede excluir determinadas reglas del régimen de servicios de pago. Por consiguiente, en caso de víctimas empresarios, hay que revisar también la letra pequeña del contrato con la entidad financiera.
En cuanto a los criterios jurisprudenciales, es relevante la STS 787/2026, de 25 de mayo, Sala de lo Civil, ponente Excmo. Sr. García Martínez, que resolvió acerca de la reclamación de cantidad por incumplimiento contractual y actuación negligente interpuesta por Privalia frente a Banco Santander. Privalia había sufrido una estafa del CEO en la que, mediante suplantaciones, se consiguió que una empleada cursara transferencias que resultaron ser fraudulentas.
El Tribunal Supremo aprecia en su sentencia que el banco incumplió el procedimiento pactado de confirmación, pero también aprecia negligencia de la empresa perjudicada, por lo que confirma el reparto de responsabilidad al 50 % dispuesto por la Audiencia Provincial de Barcelona (evidentemente, ese porcentaje no constituye una regla general para las estafas digitales).
7. ¿Puede el banco responder subsidiariamente dentro del procedimiento penal?
Sí, el banco puede responder subsidiariamente dentro del procedimiento penal, pero se trata de una responsabilidad distinta de la obligación directa de reembolso por el banco.
Esta responsabilidad subsidiaria del banco se declara, en su caso, en la sentencia que da fin al procedimiento penal, y para el caso de que los declarados penalmente responsables (los autores del fraude) no atiendan la indemnización a la que son condenados. En otras palabras, la responsabilidad subsidiaria del banco significa que el banco responde cuando los autores del delito son condenados pero no hacen frente a la indemnización a la víctima.
El art. 120.3 del Código Penal (CP) permite declarar responsables civiles subsidiarios a los titulares de establecimientos cuando se haya cometido un delito en su seno favorecido por infracciones de normas o deberes de cuidado imputables a sus responsables o empleados que hayan sido determinantes para la consumación del fraude.
¿Una plataforma de banca electrónica puede ser un establecimiento a estos efectos? La STS 49/2020, de 12 de febrero, ponente Excma. Sra. Ferrer García, admite que el entorno digital creado por el banco para prestar sus servicios satisface ese requisito. Es decir, la responsabilidad no queda limitada a lo que ocurre dentro de una sucursal física.
Y la STS 188/2024, de 29 de febrero, ponente Excmo. Sr. Magro Servet, confirma la responsabilidad civil subsidiaria de una entidad que permitió el cargo de 80 recibos fraudulentos sin autorización del perjudicado ni controles suficientes. Lo determinante es que los incumplimientos de buenas prácticas por el banco facilitaron la consumación de la estafa.
No obstante, esta vía de la responsabilidad subsidiara de la entidad financiera tiene una limitación u obstáculo práctico importante: si no se identifica al autor del fraude frente a quien sostener una acusación, se archivará el procedimiento penal y no habrá condena al banco como responsable subsidiario. De ahí la conveniencia de valorar desde el principio la conveniencia y oportunidad de dirigir reclamación directa frente al banco en sede civil, no penal.
8. Recomendaciones prácticas
En suma, ante un fraude por Internet conviene evitar dos conclusiones igualmente extremas y erróneas: ni que no haya nada que hacer, ni que el banco tenga que devolver siempre el dinero.
Si se es víctima de una estafa por Internet, mi recomendación es actuar pronto y avanzar de manera ordenada, prudente e inteligente:
- Lo primero y urgente, avisar al banco del fraude sufrido, bloquear las contraseñas o credenciales comprometidos y solicitar actuaciones urgentes para intentar abortar la transacción fraudulenta, por si acaso aún se está a tiempo de retrotraerla.
- Lo segundo, interponer denuncia lo antes posible ante la Policía o la Guardia Civil, proporcionando todos los datos y documentación de que se disponga.
- A continuación, reclamar al banco directamente el reintegro del importe cuando haya fundamento para ello. Si se ha producido una transacción no autorizada por el titular, el afectado tiene derecho a exigir la devolución inmediata del dinero en los términos explicados en el apartado 5 anterior, sin que el banco pueda aplazarla aunque considere que el cliente haya sido negligente.
- Y, en función de cómo transcurran los acontecimientos (reacción del banco y evolución de la denuncia interpuesta ante las autoridades), valorar la conveniencia de interponer demanda judicial frente al banco (jurisdicción civil) o de personarse como acusación particular o ejercer la acción civil en la jurisdicción penal.
La idea fundamental es que la prevención por el cliente, la cautela, la prudencia, son esenciales, pero eso no elimina las obligaciones del banco, que ha de cumplir con su deber de custodia eficaz.
Rafael Abati García-Manso – Abogado penalista especializado en delitos económicos

